El PSOE suma y sigue y designa como candidato a la Alcaldía de Montemolín a un concejal con condena y sentencia firme por agredir a un empleado municipal

El PSOE suma y sigue y designa como candidato a la Alcaldía de Montemolín a un concejal con condena y sentencia firme por agredir a un empleado municipal

17 de marzo de 2023.- El Partido Popular de la provincia de Badajoz lamenta y reprocha que el PSOE sume y siga con su tendencia de elegir a personas condenadas o con juicios orales abiertos para encabezar sus listas electorales, como en el caso de la localidad de Montemolín, donde ha designado como candidato a la Alcaldía a un edil con condena y sentencia firme por agredir a un empleado municipal.

Son muchas las fotos que circulan por las redes sociales de este concejal socialista de Montemolín al que en ningún momento se apartó de su cargo municipal, Alberto Oliva, arropado y abrazado en actos de su partido por cargos nacionales socialistas o por el propio secretario general del PSOE de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, toda una muestra de apoyo a una persona que se dedica a agredir a los trabajadores de un ayuntamiento.

Para el PP de Badajoz este es un ejemplo más de que al PSOE le da todo igual mientras a sus siglas le venga bien políticamente, sucedió en su día en Alburquerque con Ángel Vadillo, condenado por amenazas a una vecina de la localidad, pasa en Berlanga donde tienen un candidato a la Alcaldía pendiente de un juicio oral, y ahora le suman un condenado en Montemolín.

O bien el PSOE de Rafael Lemus y Fernández Vara tienen serias dificultades para encontrar personas, que no tengan condenas judiciales o procesos judiciales abiertos, para encabezar o formar parte de sus listas electorales, o bien es que todo les da igual y no tienen ningún respeto ni por las instituciones que esos candidatos podrían llegar a representar ni, desde luego, por los ciudadanos de esos municipios.

El Partido Popular pacense reitera que no es su voluntad decirle a ningún partido quiénes deben ser sus candidatos, pero sí exige un mínimo de ética política y un máximo de respeto a la ciudadanía, que no puede estar representada por personas que agreden a trabajadores y la justicia les condena por ello.