La Guardia Civil investiga a un conductor que triplicaba la tasa de alcohol permitida tras fugarse de un control

• Huyó de forma temeraria a gran velocidad por la autovía A-5.
• Además, conducía con presencia de drogas en su organismo.
• Se enfrenta a penas de prisión de tres a seis meses o multa de seis a doce meses y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de uno a cuatro años.

La Guardia Civil ha investigado al conductor de un turismo, vecino del municipio pacense de Barcarrota, por un supuesto delito contra la seguridad vial.

Dentro de los servicios especiales establecidos para garantizar la seguridad del tráfico en vías de comunicación, agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil pertenecientes al Subsector de Badajoz, a mediados del pasado mes de mayo cuando se encontraban en un punto de “verificación de alcohol y drogas” en la carretera BA-20 próximo a la localidad de Badajoz, dieron el alto al conductor de un turismo.

Ante las indicaciones de los agentes, éste hizo caso omiso a las señales emprendiendo la fuga a gran velocidad, circulando de manera anómala y violenta, siendo interceptado con posterioridad en la autovía A-5.  

Tras la identificación de su conductor, un vecino de la localidad de Barcarrota, se le sometió a las pruebas de detección de alcohol legalmente establecidas, constatando que triplicaba la tasa permitida en aire espirado.

Además, también se le realizó el test indiciario de drogas que mostró la presencia en su organismo de sustancia estupefacientes o psicotrópicas. Hecho que posteriormente ha sido confirmado, en el informe emitido tras el análisis realizado por el Laboratorio de la Dirección General de Tráfico.

Circunstancias que motivaron que el vehículo utilizado en la conducción, fuera inmovilizado y retirado de la vía.

Ante los citados hechos, los agentes le instruyeron diligencias como investigado por un supuesto delito contra la seguridad vial y han sido entregadas en el Juzgado de Instrucción de Badajoz.

Ahora, en espera de resoluciones judiciales o administrativas, el conductor se enfrenta hasta a penas de prisión de tres a seis meses o multa de seis a doce meses y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de uno a cuatro años, por el supuesto delito cometido.